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“QUE LOS VECINOS Y VECINAS DE LOS BARRIOS PUEDAN ACCEDER A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA”

Con el apoyo del Frente de Todos, la Legislatura aprobó este jueves el cambio de autoridad de aplicación de la Ley Pierri en la provincia. María Eugenia Martini pidió que tras más de una década de espera, “se pongan rápidamente en marcha los procesos de regularización dominial”.

“Que la autoridad de aplicación recaiga en el organismo que sea la que el Gobierno considere, pero lo importante es que la Ley Pierri sea efectivamente puesta en vigencia en beneficio de los rionegrinos y rionegrinas”, señaló María Eugenia Martini, presidenta del bloque legislativo del Frente de Todos.

La adhesión de Río Negro a la norma nacional fue sancionada en el año 2000 pero recién fue reglamentada por el Ejecutivo provincial en 2017.

“Estamos de acuerdo en los conceptos del proyecto oficial, aceptamos que el objetivo del Gobierno es el de mejorar la calidad de vida de los rionegrinos y rionegrinas, y para ello es clave para muchas familias vulnerables obtener la regularización dominial y las escrituras de sus casas”, afirmó el legislador Daniel Belloso.

“No tenemos objeción en que hoy se cambie la autoridad de aplicación a manos del Ministerio de Gobierno y de la Comunidad, en reemplazo del IPPV. Porque entendemos que ante la nada, es lo mismo que dependa de uno u otro organismo, en tanto se avance hacia el objeto original de la Ley”, dijo el ex intendente de Choele Choel.

Y más adelante agregó: “lo que necesitamos es que rápidamente se pongan a trabajar y se proceda para que las carpetas que están entregadas puedan avanzar administrativamente de la manera más eficiente y más ágil”.

La denominada Ley Pierri establece la regularización dominial de inmuebles urbanos que tengan como destino el de vivienda única y permanente a favor de ocupantes que por no disponer de recursos no hubieran podido completar los trámites de escritura de sus hogares, pero que no obstante puedan acreditar la posesión pública, pacífica y continua de la propiedad durante 3 años continuos anteriores a 2009.

La legisladora María Inés Grandoso, por su parte, aseguró no encontrar justificación para el cambio de la autoridad de aplicación, “el IPPV tiene 18 delegaciones en Río Negro”, describió, “bastaría con darle las herramientas para que pudiera ejecutar las tareas que le corresponden”.

Durante su alocución, el legislador Marcelo Mango, recordó que en 2016 presentó un proyecto en términos similares a lo que establece la Ley Pierri, pero con características “ajustadas y propias de Río Negro”.

“Entendemos que es muy limitado solo adherir a una ley, nuestro proyecto era muy superador”, consideró.

Al momento del cierre, tomó la palabra la presidenta del bloque del Frente de Todos, María Eugenia Martini, y recordó que “hace 20 años que la provincia adhirió a la ley Pierri, pero sin embargo, en Bariloche, solo se entregó un acta este año, y esa es la magra respuesta que los sucesivos gobiernos provinciales pudieron darle a las familias que necesitan imperiosamente del Estado para concretar sus trámites”.

“No nos desvela cuál es el organismo que el Gobierno defina como autoridad de aplicación de la ley”, prosiguió Martini, “lo que necesitan las familias en nuestros barrios es dejar de sentir que se les da la espalda, que finalmente tendrán la certeza de que ese terreno es su lugar en el mundo, y que podrán salir de la incertidumbre y la precariedad”.

Para la legisladora, la Ley Pierri implica “el paso definitivo de la legitimidad a la legalidad de la propiedad de la tierra”.

“Hoy en mi ciudad estimamos unas 10 mil personas en condiciones de acceder a los términos de la Ley”, afirmó.

Martini destacó la tarea de las organizaciones sociales en Bariloche “que trabajaron durante años en este tema, nucleadas en la Mesa de Tierras”.

“No podemos, como dirigentes y como rionegrinos, perder más tiempo”, enfatizó.

“Es imprescindible que inmediatamente aprobada esta modificación, el ministerio de Gobierno, con los municipios y la colaboración de los colegios de agrimensores y profesionales, puedan estar otorgando los títulos correspondientes a los vecinos, integrarlos al sistema, algo que a la vez también será beneficioso para el ordenamiento del Estado provincial”, indicó.

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